51251820447_4467b78804_o

IV Concurso Cátedra Telefónica ULPGC: Accésit Cátedra Telefónica ULPGC – Proyecto de investigación, innovación y transferencia

Cátedra Telefónica ULPGC / Noticias

IV Concurso Cátedra Telefónica ULPGC: Accésit Cátedra Telefónica ULPGC – Proyecto de investigación, innovación y transferencia

DESMONTANDO LA ECONOMÍA COLABORATIVA: Hacia una nueva forma de comercialización de productos y servicios

Responsable de la propuesta: Inmaculada González Cabrera

La expansión de internet y de múltiples plataformas que ponen en contacto a diferentes individuos desde distintas partes del mundo, ha propiciado el desarrollo sin precedentes de empresas dedicadas a la oferta de bienes y servicios que se contratan telemáticamente. Tal ha sido su incidencia (transporte, alojamiento, viajes, inversión, crowdfunding, etc.) que ha generado el permanente enfrentamiento del sector reglado y el nuevo sector emergente, además de conflictos sociales difíciles de resolver.

El proyecto tiene como objetivo distinguir el tratamiento a aquellas actividades propias de la economía colaborativa, del de aquellas otras que no dejan de ser actividades económicas puras, en muchas ocasiones, regladas; así como poner de manifiesto qué actividades, por ser economía colaborativa, no precisan una ordenación específica más allá de la general que se establece para las relaciones entre iguales, y cuáles requieren de una ordenación similar a la de las actividades sectoriales con las que compiten. Se ha trabajado en torno a tres ejes diferenciados: sector turístico, en particular las viviendas vacacionales, transporte e inversión financiera. Para ello, se ha analizado la naturaleza jurídica de las plataformas, aspecto sumamente importante por estar vinculado a su responsabilidad frente a sus usuarios y frente a la Administración Pública. Se ha podido establecer el carácter claramente empresarial de plataformas como UBER o Cabify, la naturaleza híbrida de la plataforma Airbnb y la naturaleza eminentemente intermediadora de servicio de la sociedad de la información que tienen Blablacar, Couchsurfing o HomeExchange.

Además de determinar la naturaleza jurídica de estas plataformas y su consecuente responsabilidad frente al usuario, la mayor aportación del proyecto es una propuesta de ordenación específica de los distintos sectores y de modificación legislativa para los sectores regulados, con el objetivo de reducir las exigencias burocráticas que no aportan un valor añadido y encarecen el servicio. Tras el análisis de estos sectores, su regulación, e incluso la ordenación que tienen en otros países de nuestro entorno, se han realizado propuestas legislativas, claras, objetivas y viables, en línea con lo que señala la Unión Europea. Con ello se pretende: a) un alto nivel de prestación de los distintos servicios, entre ellos, el turístico, tan importante para el PIB de las islas; b) un notable nivel de seguridad del usuario como consumidor de tales servicios, de forma que por la vía de la relación entre iguales no se obvien sus derechos; y c) una reducción de la conflictividad sectorial y social.

El carácter innovador del proyecto se basa en cuestionar que todas las actividades que venían justificándose como economía colaborativa y quedando al margen de ordenación, realmente lo fueran, estableciendo una distinción objetiva en función de que la prestación de los servicios se realizara o no a través de una estructura empresarial, con ánimo de lucro y de forma habitual. Esto permitió plantear soluciones diferenciadas para las actividades de economía colaborativa puras y para las que no lo eran y desarrollaban en el mercado una actividad empresarial similar a la que ofrecían otros sectores empresariales sumamente intervenidos como el sector del taxi o del alojamiento hotelero y extrahotelero, entre otros.

El estudio de las Plataformas de Inversión participativas, su condición, el control administrativo de las mismas, y si su regulación ofrecía o no la respuesta adecuada a los posibles inconvenientes que pudieran darse en relación a la seguridad del inversor, dio lugar a la tesis doctoral La Protección del inversor minorista, defendida por Beatriz Fonticiella Hernández (parte del equipo de trabajo), que obtuvo la máxima calificación y el interés de dos editoriales para publicar dos monografías. EI proyecto también propició la celebración del I Congreso Internacional sobre economía colaborativa, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria el 8 y 9 de noviembre de 2018.